Desde mediados de marzo de 2020, con la pandemia del coronavirus encima, la totalidad de los tribunales del país limitaron operaciones en la gran mayoría de asuntos hasta prácticamente cerrar por completo. Después de prácticamente tres meses de cierre judicial, compartimos diez puntos concretos para tratar de entender la crisis actual y futura del Poder Judicial, esperando que sean de utilidad para el amable lector de estas páginas.
1. ENFERMEDAD Y MUERTE. El coronavirus no nos va a extinguir, pero nos va diezmar inexorablemente. Si los índices de contagio siguen aumentando, se producirá una crisis sanitaria sin precedentes. Para aminorar el impacto, el gobierno está obligado por estándares internacionales y por responsabilidad política a administrar la muerte y aislar a la gente. Es lo que han hecho, en la medida de lo posible, todos los países, incluido México. Mientras no exista vacuna o las personas generen inmunidad la gente seguirá enfermando y muchas muriendo. Ante la insuficiencia hospitalaria morirá gente que podría haber sobrevivido y los muertos podrían estar en la calle tirados. Por eso, mientras no lleguemos al pico de la epidemia (no hemos llegado) y no se aplane la curva de contagio (falta tiempo, pues el aislamiento real en México es ilusorio), las aglomeraciones de personas seguirán prohibidas.
2. AGLOMERACIONES EN LOS TRIBUNALES. Los tribunales en México son sinónimo de muchedumbre. Cualquiera que haya visitado un tribunal en México sabe lo que significan las filas para la entrada, los elevadores y los juzgados hacinados. Mientras la transmisión del virus esté latente, no existirá regreso a lo que conocíamos cono normalidad. Mientras no exista vacuna o la humanidad genere inmunidad natural, lo único que puede hacerse para aminorar las muertes es el asilamiento. Tienen miedo los magistrados, los jueces, los secretarios (es natural), además ellos tiene sueldo pagado, pueden resistir sin trabajar. No van a abrirse lo tribunales al público en el corto plazo. Cuando menos no en un grado aceptable para el acceso a la justicia. Y cuando hablamos de corto plazo es el resto del año, cuando menos.
3. TENDENCIA DE LA CRISIS JUDICIAL. Todos podemos enfermarnos y todos podemos ser agentes transmisores de la enfermedad y contagiar a los demás. Por esa razón, la tendencia natural de la crisis va a ser continuar con el aislamiento mayoritario, primero, hasta que se controle de alguna forma la enfermedad con una vacuna o la inmunidad (ambos escenarios no son cercanos, pues pueden llevar años). La sociedad, por su necesidad económica y de justicia, irá presionando para que los tribunales abran al público o para que exista un remedio. La única solución posible es la apertura de la judicatura a las tecnologías y a la existencia de los tribunales digitales.
El PoderJudicial está "pateando el bote". Las fechas de reapertura existentes son provisionales e irán liberando a la administración de justicia en forma gradual.
4. ¿CÓMO ESTAMOS HOY? CIERRE JUDICIAL TOTAL. Desde el 18 de marzo de 2020 se cerraron prácticamente la totalidad de los tribunales, para prácticamente la totalidad de los asuntos. Existen algunas materias que técnicamente estaban operando pero, en forma muy incipiente. Por ejemplo, en el Poder Judicial Federal, se tramitan amparos para casos de urgencia relacionados con temas de salud o cuestiones de libertad personal. En el fuero común, operan algunos juzgados para medidas urgentes en materia de violencia familiar o alimentos. En realidad la operación es muy limitada y en casos muy particulares.
5. APERTURA GRADUAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El Poder Judicial Federal ya lleva varios años que cuenta con plataforma para juicio de amparo en línea. Los abogados que los hemos utilizado y contamos con firma electrónica avanzada sabemos de sus virtudes. Pero en realidad la operación es limitada hacia dentro de los juzgados, pues los procesos internos siguen privilegiando el trabajo presencial. De nada sirve que el abogado o el justiciable pueda hacer su trámite virtual cuando necesita un pelotón de funcionarios que tramiten el juicio hacinados en una oficina. Esa es la razón por la cual, ante la crisis, no pudieron seguir trabajando en forma digital y necesitaban establecer guardias físicas, pues para que el tribunal “virtual” opere, los miembros del poder judicial necesitan de la infraestructura del Poder Judicial, en las oficinas respectivas. Las sesiones virtuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo menos que podían hacer, pero es algo que podrían ya estar haciendo todos los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito.
6. APERTURA GRADUAL DE TRIBUNALES EN ESTADO DE MÉXICO. El Poder Judicial del Estado de México ha sido ejemplo a seguir en lo que se refiere a tribunales locales (en tierra de ciegos el tuerto es rey). Lleva años digitalizando material y trabajando en el proyecto de Tribunal en línea. Debido a ese trabajo, desde el 4 de mayo de 2020, se pueden tramitar ciertos asuntos judiciales en línea, siempre que sean no contenciosos. Para ello, se necesita que los abogados cuenten con firma electrónica y den de alta a sus clientes en el sistema, quien también deberán adquirir la mentada firma. El sistema funciona y desde luego, es un avance, pero para los años que llevamos esperando el tribunal virtual, el avance es limitado. Evidentemente hay que tomar en cuenta las resistencias e inconvenientes a los que me refiero en los puntos siguientes. De esa forma, reconozco al Poder Judicial del Estado de México a la vanguardia de los Tribunales del país, en materia de servicios en línea, junto con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Poder Judicial del Estado de Jalisco (limitados, también).
La crisis judicial durará cuando menos un par de años, debido a todo lo que debe implementarse. Los abogados tenemos la responsabilidad de estar preparados.
7. APERTURA GRADUAL DE TRIBUNALES EN CIUDAD DE MÉXICO. El Poder Judicial de la Ciudad de México se ha dormido en sus laureles. Sus Presidentes se han vanagloriado de sostener, hasta el cansancio, que se trata del Tribunal más grande del mundo en número de juzgados y de asuntos. Es cierto. Por eso mismo debieron trabajar en la era digital desde antes y no esperarse hasta que la crisis les reventara en la cara. Hace tiempo que están circulando avisos en los tribunales de que la gente vaya a los edificios judiciales sin acompañantes innecesarios, debido a que las colas de entrada suelen ser muy largas y la cantidad de personas pone en riesgo la funcionalidad, estabilidad y seguridad de sus edificios. Al día de hoy, no existe la firma electrónica en este Tribunal y los expedientes no están completamente digitalizados. El día de hoy, el Presidente del Tribunal anunció (con cara de terror) que a partir de este 16 de junio de 2020 comenzará a laborar limitadamente y no para el público. Permitirán a sus empleados asistir al Tribunal en forma escalonada y alternadamente (seguramente para digitalizar expedientes). El Tribunal comenzará a trabajar paso a paso, primero solo recibiendo demandas, digitalizando, desarrollando el software, capacitando a su personal y luego soltando el sistema al público. Tengamos paciencia.
8. CAOS JUDICIAL. Hace algunos días, escuchaba al Ministro de Justicia de España informar al Senado de aquel país que no estaban en condiciones de operar al público todavía y que, a la apertura de los tribunales, esperaban más de un millón de asuntos nuevos (crecimiento del 175%) y un crecimiento de más del 246% en asuntos de concurso o quiebra (de 7 mil a 50 mil). ¿Dónde están nuestras estadísticas mexicanas? Cuando en México hay un asueto judicial, normalmente de quince días, los tribunales se atiborran al regreso de la vacación solamente del trabajo que se acumula bajo circunstancias ordinarias. Imaginemos ahora después de meses de inactividad de los juzgados. Crónica de un caos anunciado.
9. OTROS FACTORES. La digitalización que existe en los tribunales locales y federales en México es incipiente cuando no nula. Algunos, como el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y el Poder Judicial Federal, están mejor preparados, aunque no del todo. Creo que podrán implementar o mejorar su sistema digital paulatinamente, pues ya llevan camino andado. Pero hay otros factores, por ejemplo:
a. Capacitación. La necesidad de capacitar a los miembros del Poder Judicial. Por lo que toca a los miembros jóvenes, no necesariamente están capacitados en trabajo digital (ver redes sociales y películas en línea no es suficiente). En las personas de más edad existe resistencia. Hace poco tuve un zoom con funcionarios judiciales (en un foro académico) y se notaba que sufrían con el sistema de videoconferencia, siendo tan sencillo. Además, se les percibe desinformados y con incertidumbre.
b. Pobreza. Para implementar un sistema robusto de justicia digital se necesita presupuesto para todos, los justiciables, los operadores del sistema de justicia y la administración de justicia. Algunos podemos contra con infraestructura digital para afrontar el reto, pero la mayoría no. Para operar el sistema digital se necesita acceso a internet, dispositivos electrónicos y software. No todos cuentan con el o lo tienen limitado. Algunos funcionarios que deban trabajar en casa no cuentan con la infraestructura necesaria para hacerlo (buen internet, computadora o en su casa no existen las condiciones para trabajar cómodamente).
10. IMPLEMENTACION LEGAL. Para que el sistema de justicia digital funcione correctamente, será necesario hacer ajustes a las leyes procesales, especialmente en lo que se refiere a las notificaciones, recepción de algunas pruebas y ejecución de sentencia. No es tan sencillo y puede ser ilegal regular todo vía circulares o buenas prácticas. A este punto, es necesario insistir en la urgente expedición del CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES. Es una excelente oportunidad de contar con una legislación de avanzada que pugne por la digitalización del sistema de justicia y allane el camino a nivel nacional. Además, las legislaturas locales están impedidas para legislar al respecto, pues la Suprema Corte ya definió que dicha facultad está reservada para el Congreso Federal. De esa forma, cualquier modificación a las leyes procesales locales será inconstitucional, sin duda, complicando el panorama legal. Nótese como en otros países, por ejemplo, España, están trabajando en una legislación de urgencia para evitar el colapso de los tribunales y un proyecto a 10 años (Justicia 2030). En México, el CNPCF tiene años de mora legislativa, además de que está probada su urgencia e importancia.
En conclusión: El Poder Judicial está "pateando el bote". Las fechas de reapertura existentes son provisionales e irán liberando a la administración de justicia en forma gradual. La crisis judicial durará cuando menos un par de años, debido a todo lo que debe implementarse. Los abogados tenemos la responsabilidad de estar preparados. Los que nos hemos digitalizado y capacitado desde hace años tenemos camino andado, lo que nos facilitará las cosas, pero lamentablemente somos la excepción. Sin duda, la crisis obligará al Estado mexicano a contar con tan ansiado tribunal digital generalizado. Esperemos que las autoridades estén a la altura de las circunstancias.
MTRO. CARLOS E. ODRIOZOLA MARISCAL
El autor ha sido catedrático de postgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, es abogado y autor de diversos libros.
